2011-03-18 14:22:09
Desde el 14 de enero, entrar en Italia sin documentación es un delito, castigado con una multa de entre 5.000 y 10.000 euros. La ley aprobada por el Senado italiano forma parte del pacchetto sicurezza (paquete de seguridad), un conjunto de medidas propuestas por el Gobierno que la cámara italiana irá debatiendo a lo largo de los próximos meses.
Con el objetivo explícito de evitar “aquellos comportamientos que desatan un miedo difuso en la sociedad civil”, las propuestas legislativas de la gobernante coalición de derechas pretenden introducir cambios radicales en las políticas de inmigración. Ya antes del verano, cuando fue anunciado por Gobierno, el proyecto suscitó feroces críticas por parte de organizaciones de apoyo a los inmigrantes, movimientos sociales y ONG. En vano, ya que varias de las medidas ya han sido aprobadas. Según denuncia en un manifiesto la Red contra del Paquete de Seguridad –plataforma de asociaciones recientemente constituida cuando el conjunto de medidas esté aprobado, “quien no tenga permiso de residencia no podrá ser atendido en los servicios médicos de urgencia ni acceder a una asistencia médica correcta porque médico estará obligado a denunciarlo; no podrá reconocer legalmente a sus hijos, ni casarse, ni darse de alta en el sistema nacional de salud porque no podrá inscribirse en el registro civil; no podrá recibir ni enviar dinero porque el dueño de la oficina de cambio estará obligado a denunciarlo”. El paquete incluye, además, otras numerosas medidas polémicas: la detención en los Centros de Internamientos de Extranjeros podrá extenderse hasta los 18 meses y las reagrupaciones serán cada vez más difíciles. Por lo pronto, Gobierno ha anunciado que tiene previsto no conceder ningún permiso de residencia durante 2009. En cuanto a los cerca de cuatro millones de inmigrantes que sí tienen permiso de residencia, serán sometidos a una presión constante. Su permiso será transformado en una tarjeta “por puntos” que se van perdiendo con cada delito sanción administrativa, y que, al agotarse, caduca automáticamente. El Gobierno también quiere introducir una tasa de entre 50 y 400 euros, definida como “contribución”, a pagar para renovar el permiso de residencia.
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